Los jóvenes que son parte de la llamada “Banda de Aguadores” denunciaron ayer durante una rueda de prensa que a pesar de ser excarcelados el pasado 30 de diciembre de 2019, el proceso judicial en su contra se mantiene abierto y el juicio seguirá para el 30 de enero próximo.

Las 16 personas que integran la “Banda de Aguadores” 13 de ellos miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) son procesados por el falso delito de “tráfico de armas”, solo por llevar consigo botellas de agua a las madres que el 14 de noviembre realizaron una huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. El caso lo lleva juez orteguista Edgar Altamirano.

Ellos son parte de los 91 presos políticos que fueron puestos en libertad bajo el régimen de “convivencia familiar” antes que finalizara el año 2019.

“Seguimos siendo tratados como culpables, aunque no hemos sido juzgados. Nuestro juicio sigue en pie y está programado para el 30 de enero, al igual para muchos que salieron con nosotros”, dijo Ivania Álvarez al leer un comunicado.

“Seguiremos firmes en nuestras exigencias y que seguiremos apoyando los esfuerzos unificados de las agrupaciones de víctimas y familiares para resistir desde la empatía y la solidaridad, porque en medio del dolor, la impotencia y el sufrimiento no estamos solos ni solas, en la búsqueda de nuestra libertad”, afirmó Wilfredo Brenes, uno de los excarcelados.

Los jóvenes se mantendrán demandando la libertad de los más de 60 presos políticos que todavía siguen secuestrados por la dictadura Ortega-Murillo, y rechazaron cualquier intento del régimen de usar su excarcelación para hacerlo una muestra de “normalidad o reconciliación”.