¿Permitirá el pueblo nicaragüense que Nicaragua se vuelva en otra nación fallida como la de Cuba y Venezuela?

La periodista Verónica Chávez, copropietaria del confiscado canal 100% Noticias, cayó desmayada al suelo tras recibir una pedrada fulminante en la cabeza. Un fanático del dictador Daniel Ortega, protegido por agentes de la Policía sandinista, fue quien realizó el ataque cuando un grupo de opositores llevaban a cabo en la ciudad de Masaya, al sur de Managua, una reunión política. El impacto de la piedra fue tan intenso que Chávez, esposa del excarcelado político y también periodista Miguel Mora, fue traslada a un hospital e internada en cuidados intensivos, de donde ya ha salido.

El ataque ocurrió el pasado domingo y fue el episodio de mayor violencia registrado en las últimas semanas contra los periodistas y opositores en Nicaragua ejecutado por los simpatizantes de Ortega y policías antimotines, quienes han asediado, golpeado, multado y acosado fiscalmente a las voces que realizan críticas al régimen sandinista.

La violencia de los ataques ocurre después de que Estados Unidos decidiera imponer nuevas sanciones a altos funcionarios del Gobierno y a una entidad financiera llamada Caja Rural Nacional (Caruna), un mecanismo privado formado para evadir el control sobre los recursos estatales provenientes de Venezuela.

La Unión Europea a su vez ha refrendado, este lunes, sanciones contra otros seis funcionarios sandinistas, luego de una sesión dedicada a criticar un tridente de leyes contra opositores y periodistas que el Gobierno planea aprobar.

“Estas leyes no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política”, criticó Leopoldo López, eurodiputado del Partido Popular. Son estas tres leyes las que han caldeado el siempre tenso ambiente sociopolítico en Nicaragua.

A mediados de septiembre, Ortega hizo el anuncio de un proyecto de ley que busca imponer la cadena perpetua para “castigar crímenes de odio”. La ley, en palabras del mandatario, está dirigida para los opositores a quienes considera que han promovido “un fallido golpe de Estado” fomentando “crímenes de odio”.

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