En años anteriores el mismo FSLN luchaba para evitar la creación de estos servicios tercereados al agua potable

Con al menos 74 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones y 16 presentes, fue aprobada hoy jueves en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley General de Aguas que abre las puertas a la privatización del vital líquido a través de la otorgación de licencias de concesiones.

Con esta reforma se promueve una mayor participación de empresas privadas en la prestación del servicio, lo que causa una clara amenaza en contra de los usuarios porque esto puede provocar la pérdida del subsidio público.

Con esto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se convierte en un poderoso ente estatal que se vuelve en «juez y parte», pues la entidad será la encargada de realizar las ventas de las concesiones a las empresas que estarán prestando el servicio de agua potable y saneamiento a la población y a la vez regular el uso de este recurso hídrico en el país.

La reforma a la ley trajo consigo cambios en 59 artículos. Desde que se hizo la introducción a la iniciativa los expertos han advertido sobre un excedente de tres por ciento que se verá reflejado en la factura del consumidor.

Los diputados sandinistas sostuvieron que el agua es un derecho humano, sin embargo, fueron ellos quienes aprobaron esta reforma a Ley de Aguas. Carlos Emilio López justificó su voto alegando que «se creará una serie de mecanismos que permitan la modernización y ordenamiento del sector público, así como la regulación y distribución del recurso hídrico».

Algunos también politizaron dica reforma. El parlamentario sandinista Wálmaro Gutiérrez Mercado arremetió contra los adversarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

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