GIEI solicita que sean juzgados con la justicia universal por crímenes de lesa humanidad

Claudia Paz y Paz y Amerigo Incalcaterra, los dos son del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, realizaron la solicitud ayer martes a otros países que reconozcan el principio de justicia universal y comiencen los procesos contra el dictador, Daniel Ortega, por crímenes de lesa humanidad.

“Hacemos un llamado a los países para que reconozcan el principio de justicia universal para iniciar procesos”, dijo la guatemalteca Claudia Paz y Paz, una de los cuatro integrantes del GIEI, grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que realizó la evaluación de la actuación del Ejecutivo en medio de las protestas.

Paz y Paz intervino el martes durante un debate del centro de pensamiento Wilson Center, en Washington, junto a Amerigo Incalcaterra, otro de los miembros del GIEI.

Dicha entidad concluyó en su informe, presentado en diciembre, que el Gobierno nicaragüense cometió crímenes de lesa humanidad y que, desde la cúspide del Estado, es decir, desde la Presidencia ocupada por Ortega, se ordenó un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

La verificación de que unos actos son crímenes de lesa humanidad significa de manera jurídica que esos delitos son imprescriptibles, no pueden ser objeto de amnistías y podrían ser juzgados a nivel internacional por otros Estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI).

Nicaragua no es signatario del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, y por esta razón es muy difícil que intervenga ese tribunal; por lo que los dos expertos del GIEI estiman que lo más posible es que esos delitos sean juzgados por otro país siguiendo el principio de justicia universal.

Ese principio, incorporado en varios grados por países como Argentina, Alemania y España, sirve para reconocer que los crímenes de lesa humanidad son universales y, por tanto, los tribunales nacionales tienen la capacidad de juzgarlos a través de figuras penales tipificadas en la legislación de ese país. Incalcaterra, el otro de los miembros del GIEI, manifestó que esa opción es la “más inminente” y la “más real”.

Además, el experto agregó que “las voluntades políticas” de los países y su deseo de hacer frente al Gobierno nicaragüense se pondrán realmente de manifiesto cuando las diversas demandas, interpuestas por grupos de la sociedad civil, comiencen a florecer en varios países de la región.

Incalcaterra se refirió específicamente a la “política actual de mirar hacia el costado” que, a su juicio, ha implementado el nuevo Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador.