Fotos de dos cápsulas de vacuna rusa.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se pronunció sobre la nueva vacuna rusa y no dejo entrever sus dudas de que el país tenga acceso inmediato a la misma para hacer frente al COVID-19, a pesar de que la dictadura de Daniel Ortega anunciara su interés en reproducirla e incluso la ofreció a sus vecinos de Mesoamérica.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que esta es una vacuna que todavía no se tiene certeza de su seguridad y, efectividad, las autoridades médicas nos dicen que, en todo caso, si va a haber una vacuna, no va a ser antes de diciembre, y en países como el nuestro, tampoco la vamos a tener en diciembre”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, a periodistas.

Tras el anuncio del registro de la vacuna Sputnik V, por parte de Rusia, la esposa del dictador Ortega, la vicedictadora Rosario Murillo, afirmó que el país está en posibilidad de producirla para distribuirla localmente y exportarla a las naciones vecinas, aunque ayer martes reconoció que en este momento “es una asunto de pruebas”.

Leer también: FOTOS: Habitantes de Juigalpa sin impórtales infectarse del coronavirus llenan calles

Aguerri hizo pública sus dudas sobre el acceso a la vacuna desde el punto de vista económico, ya que actualmente el Gobierno de Nicaragua, que ha recibido al menos 41.000 pruebas de COVID-19 en donación, vende cada una en 150 dólares, que en el tercer país más pobre de Latinoamérica, detrás de Haití y Venezuela, equivale al 80% del salario mínimo.

De acuerdo al representante de los empresarios, la comercialización de los test de COVID-19 “provoca todo lo contrario de lo que se quiere, (porque) no se están pudiendo detectar esos casos que se pudieran localizar si esta prueba fuera gratuita”.