Ni los diputados del partido Morena de AMLO quieren reformar las leyes electorales

Las divisiones entre los aliados de Morena en San Lázaro frenaron la discusión de la Reforma Electoral en el pleno, por lo que el coordinador de esa fracción, Ignacio Mier, tuvo que posponer el debate, en principio para el próximo martes 6. Sin embargo, el miércoles de la semana pasada declaró que su partido y aliados tienen hasta el 3 de abril de 2023 para resolver las leyes reglamentarias o secundarias que contempla el Plan B de la reforma.

CIUDAD DE MÉXICO – El pasado 29 de noviembre Morena anunció la discusión en el pleno de San Lázaro la Reforma Electoral, a pesar de no contar con mayoría calificada para la modificación de la Constitución. Pero tomó la decisión de retrasar otros ocho días dicho asunto.

Y a pesar que la oposición, triunfalista, ha sido decir que nuevamente fue detenido esta intentona contra el Instituto Nacional Electoral (INE), legisladores de la mayoría y sus aliados han dejado claro que los desacuerdos internos evitan discutir el dictamen debido.

Los propios diputados de Morena, el partido en el gobierno, aseguraron las diferencias internas en la bancada al reactivar una iniciativa enviada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en marzo pasado –conocida como “Ley Elektra”, porque traeríabeneficio para el empresario Ricardo Salinas Pliego– que quería reactivar la ‘cobranza delegada’ en esa “tienda de raya” moderna que se había congelado en el Senado y que permitiría retener directo del salario de los trabajadores los adeudos con créditos de nómina sin pagar.


El Partido del Trabajo (PT), a su vez, deja claro que, ante la llegada del Plan B de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, estos también tienen una propuesta, y van por mantener toda costa su registro como partido.

Ahora son los tiempos los que juegan contra el gobierno de la 4T para lograr una reforma electoral disminuida, pero probablemente más dura en cuanto a las reducciones financieras hacia el INE, que considera una compactación en las áreas administrativas.

En ese entendido y con la finalidad de no transgredir los plazos para modificar normas del sistema electoral y evitar encimarse con la elección de cuatro consejeros electorales, deberá resolverse el tema antes del 3 de abril del año próximo.

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La oposición tiene sus cartas y, después de la marcha del 13 de noviembre en defensa del instituto, una y otra vez saca la bandera de la defensa del INE y su rechazo a cualquier intento por cambiar los órganos de carácter electoral. Sin embargo, el PRI ha hecho un guiño a la posibilidad de tener un instituto más austero.

El PAN y el PRD han sido más firmes. Según sus legisladores, tienen preparada una estrategia contra esa iniciativa de reforma a seis leyes que enviaría la Secretaría de Gobernación antes del martes 6 de diciembre.

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