Éxito del pueblo mexicano Mexicali: Expulsan fábrica de cervezas para que no les consumiera agua

Foto de la ciudad Mexicalli.

CIUDAD DE MÉXICO – En el mes de enero de 2017, los vecinos vieron el arribo de camiones con tubos, material de construcción y maquinaria pesada cerca del ejido Villahermosa, los agricultores de Mexicali, Baja California, comenzaron a bloquear la carretera.

Estos protestaban debido a que en esa tierra seca, con lluvias muy inusuales y temperaturas que llegan a los 50 grados centígrados en verano, se construiría un acueducto con recursos públicos para la creación de una planta que produciría cerveza con destino exclusivo al mercado estadunidense. Para ellos, la empresa Constellation Brands les estaría arrebatando la poca agua que usan para el riego de sus cultivos.

Su miedo estaba bien claro: la fábrica en cuestión llevaría al consumo anual de 20 millones de metros cúbicos de agua. En su opinión, eso no era buena noticia, aunque se había hecho el anuncio de la inversión de 1,500 millones de dólares y prometiera la creación de 750 empleos directos en una ciudad de cerca de un millón de habitantes.

Entre los manifestantes se encontraba Rubén Pérez Rojas. El acueducto de casi 47 kilómetros empezaría en su parcela hasta llegar al ejido Choropo. Temía que le expropiaran ese terreno de 20 hectáreas donde había sembrado trigo.

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A pasar los meses se unirían a las protestas más activistas y productores, entre ellos Luis Rosales Ramírez, agricultor del ejido Michoacán, cuya parcela también padece los estragos de la sequía. En su última cosecha de trigo, a mediados de 2022, según contó, perdió 26 de las 120 toneladas que le permitirían el sustento de su familia y la nueva siembra. La causa: el agua de riego le llegó en momentos imprecisos.

Fue tanto el inconformismo que, ante la petición de los pobladores de Mexicali, la administración de Andrés Manuel López Obrador se involucró en el conflicto. Como solución, llevó a cabo una consulta popular el 22 de marzo de 2020, en la que los ciudadanos rechazaron a la cervecera con el 76.1 por ciento de los votos. La obra ya tenía 65 por ciento de avance. Y aunque el resultado no era vinculante, el gobierno federal hizo el anuncio de un plan de “salida ordenada” de la multinacional y la mudanza de su planta a Veracruz, en un término de 24 meses, porque allá “hay mayor disponibilidad de agua”.

Hoy, a sólo tres meses para que se venza el plazo, Constellation Brands se aferra de manera legal a mantener los dos títulos de concesión de agua que quedaron a nombre de su filial BC Tenedora Inmobiliaria S. DE R.L. DE C.V desde 2019. Para ello se amparó contra una resolución de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la que se ordenó que debía removerlos.

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Esta investigación publicada por Vanguardia, Aristegui Noticias, Proceso, Punto Norte Info y CONNECTAS revela que Constellation Brands, a través de su filial, pretende mantener los títulos de concesión: uno para “explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales” y otro para descargar aguas residuales. También detalla cómo los procedimientos para la consecución de tales títulos han sido cuestionados y recoge posibles irregularidades como que la empresa comenzó a preparar el terreno para construir su planta en 2016, cuando aún carecía de la licencia de uso del suelo.

Un hallazgo adicional es que la “salida ordenada” no está oficializada en documentos, sino que depende de la buena voluntad de Constellation Brands. Este proceso es coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A estas conclusiones se llegó después de revisar más de 100 documentos y analizar respuestas a unas 90 solicitudes de información y una decena de entrevistas.

La multinacional sostiene que se ecuentra desmantelando el interior de la planta, pero solo ha autorizado una visita de Semarnat para supervisar el avance. La entidad oficial tampoco ha brindado un plan de diseño para la restauración ambiental que debería darse con su retiro de Mexicali, según se deriva de las respuestas a solicitudes formuladas, vía transparencia, a Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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En medio de esa falta de claridad, la población campesina de la zona y los activistas que protestaron contra la cervecera están inquietos por el futuro de la planta y de las concesiones.

La disputa tiene el involucramiento de los gobiernos de Baja California y su capital Mexicali y a miembros de diversos colectivos que surgieron en 2017 para defender el agua de su región y que fueron protagonistas de las protestas masivas y de enfrentamientos con la policía. Algunos todavía resienten las consecuencias legales, pues tienen carpetas de investigación abiertas en su contra. Incluso, en enero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en donde se determinó que las autoridades violaron el derecho humano al agua, luego de que Rubén Pérez Rojas y sus colegas agricultores interpusieron una denuncia por la construcción del acueducto de 47 kilómetros que sería de uso exclusivo para la empresa, también conocido como Acueducto Ejido Villahermosa–Mexicali.

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