1. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía nicaragüense caiga un menos 4.0 por ciento en el 2018. El Banco Mundial (BM) plantea una caída del 3.8 por ciento. A estos pronósticos hay sumarle los efectos de los precios más altos del petróleo, el descenso de los precios del café, contracción de la inversión extranjera directa y las repercusiones catastróficas de la ley “Magnitsky Nica”.

2. Muchos funcionarios, altos y medianos, deseosos de complacer al dictador o a sus superiores o conseguir algún estímulo monetario, falsifican datos económicos, sociales, educativos o de salud. Pero esto no es sólo negativo para el gobierno Ortega-Murillo, sino para la sociedad en general.

3. Es negativo desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista político, porque falsear los datos se desinforma de la situación existente y ello impide al gobernante adoptar a tiempo las medidas correctoras necesarias.

4. Ortega-Murillo confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que el régimen sistemáticamente reprime a la población. El gobierno autoritario fomenta la impunidad y aplica medidas fascistas.

5. El gobierno Ortega-Murillo se niega tajantemente a reconocer que el huevo de la serpiente de la corrupción se incubó desde 1990 con la piñata y fue cuidadosamente nutrido en los últimos 28 años, bajo el paraguas del orteguismo, cuando se sentaron las bases del corporativismo que caracterizó el sistema que aún defienden. No quieren reconocer la inclinación fascista del régimen. Menos aún admiten la forma en que su deterioro ético-moral, su pérdida de toda decencia, su traición sistemática a los principios de la revolución de 1979 y que han conservado sólo en el nombre. Su manera de gobernar ha arruinado al país hasta grados inenarrables, corrompiéndolo de punta a cabo.

6. Existe en el gobierno Ortega-Murillo una tendencia a “auto engañarse”, a decir, por ejemplo, que logra movilizar a miles cuando sólo se moviliza a centenas. Eso es producto de las concepciones estalinistas que afirman que siempre se tiene la razón, que siempre son los mejores, que todo lo que hacen da resultado. Ese es el quid del estalinismo, ése es el criterio que los lleva a cometer graves errores.

7. Suele ocurrir que los miembros de círculo íntimo del gobierno Ortega-Murillo movidos por su pasión de conservar el poder tienden a confundir sus deseos con la realidad. No hacen una valoración objetiva de la situación, tienden a subestimar las posibilidades del adversario, y, por otro lado, a sobrestimar sus posibilidades propias. Confunden en parte, su estado de ánimo con el de los ciudadanos “de a pie”.

8. No cabe duda que el movimiento de abril 2018 fue un hito histórico de la mayor importancia para visibilizar a la dictadura Ortega-Murillo. Vivimos en un gobierno absolutamente no democrático. En esta apreciación coinciden todos. En lo que no hay coincidencias es en las interpretaciones del proceso histórico que hizo posible desnudar el carácter del gobierno, y mucho menos en sus consecuencias.

9. Se trata de decenas de organizaciones de los autoconvocados barriales, feministas, estudiantes y otras, en el campo y las ciudades. Entre todas representan las resistencias de base ante la represión, las injusticias ambientales, sociales, económicas y políticas, de género y culturales.

10. Estamos viviendo un estado de terror permanente en las ciudades, pueblos y barrios de la capital, el gobierno está recurriendo a capturar y acusar a los luchadores sociales de delitos comunes, para ocultar el abultado número de presos políticos. Los acusan de agresiones, hurto, infracciones menores, etcétera. Eso es para debilitar los liderazgos territoriales sin que aparezcan como prisioneros políticos.

11. La represión del gobierno Ortega-Murillo, desatada a partir de abril 2018 marcó el descrédito de la policía y, sin duda, del gobierno mismo. También es el comienzo azaroso e infatigable del peregrinaje de las familias de los muertos, heridos, desaparecidos y presos políticos. Al mismo tiempo, ha sido la vergonzosa presentación pública internacional de un gobierno que ha exhibido ante el mundo su desnudez y sumido en una profunda crisis ética y moral de la que no parece tener una salida clara.

12. Controlar, impedir y minimizar las protestas sociales tiene como objetivo despolitizar los ciudadanos y la sociedad entera. Las medidas represivas tienen el objetivo de contribuir a fomentar la incredulidad de que la lucha cívica pueda derrotar y/o cambiar al gobierno Ortega-Murillo. La estrategia es viabilizar una negociación sin la participación de los líderes locales y/o de los supuestos “radicales”.

13. En la actual crisis sociopolítica, los partidos tradicionales, comparsas y el gobierno Ortega-Murillo, la quieren tratar como si fuera una situación puntual, sobre la que centran su atención cuando ocurre, no analizan sus orígenes, piensan que la pueden arrinconar y que con el paseo del tiempo la superarán, aunque sea de manera leve, y que será suficiente para decir que todo está normal.

14. El aire político está impregnado de incertidumbre y dudas. Y es en esa atmósfera enrarecida y preocupante que surgió, en las semanas recientes, la peligrosa y tenebrosa sombra de las negociaciones con Alemán como elemento de apoyo al gobierno Ortega-Murillo. Ahora la puerta se comienza a abrir y entraran, posiblemente, otros partidos comparsas en un apoyo abierto a la dictadura.

15. Alemán, como dirigente principal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quiere utilizar la crisis sociopolítica como una forma de limpiar su pasado de corrupción y mantener una cuota de poder. La estrategia de Alemán es conseguir la liberación de Medardo y otros campesinos presos, para aparecer triunfante en el escenario político nacional.

16. Desde hace meses el PLC tiene un programa radial en Radio Corporación, emisora conocida por ser opositora al régimen; también trata de fortalecer sus estructuras, dirigentes nacionales hacen visitas a los municipios para hacer reuniones con líderes locales. Se nota que tienen recursos económicos, hacen celebraciones y otras actividades. Posiblemente, el gobierno Ortega-Murillo está financiando al PLC para que aparezca como el partido “opositor” en todo el país.

17. El esfuerzo principal del gobierno Ortega-Murillo está puesto en la lucha política propagandista por el dominio de la vida cotidiana “todo está normal”. Su objetivo es que todos acepten que la única opción política viable, es el mantenimiento de cuotas de poder importantes a Ortega-Murillo y a la nueva clase.

18. Sin embargo, las movilizaciones sociales han demostrado que la gente común y corriente está harta del sistema político tradicional vigente, las decisiones de gobierno son adoptadas por la cúpula partidaria sin una real consulta con sus bases y prima el liderazgo unipersonal sobre el colectivo de la gente.

19. La represión indiscriminada es un síntoma de la debilidad del gobierno Ortega-Murillo y revela la incapacidad para entender una sociedad compleja que ha tomado conciencia para luchar por una democracia, lo que hace Ortega es violar los derechos humanos y así como sus obligaciones estatales. Ortega vive en un universo paralelo a la realidad nicaragüense.

20. Vivimos en una sociedad controlada por el Estado, de régimen autoritario. La gente quiere cosas nuevas, quiere cambios, quiere nuevas formas de hacer política, quiere una política sana, quiere que se combata a la corrupción en el gobierno, quiere castigo para los culpables de los asesinatos de cienes de ciudadanos desarmados, quiere transparencia y participación, quiere recuperar la confianza.

21. En estos días se ha repetido hasta el cansancio la versión de la “salida al suave” del dictador se puede lograr con las acciones gracias a “un puñado de preclaros dirigentes de la empresa privada” que quieren jugar en la cancha institucional de la propia dictadura, para eso necesitan desmovilizar una amplia mayoría social opositora, y que luego tenga la posibilidad táctica para negociar una “exitosa transición” a la democracia.

22. Es decir, los voceros de una “salida al suave o responsable” apoyan a una elite que pone en un segundo plano, reduce a fuerza de apoyo o incluso muchas veces silencia, el largo y protagónico papel que juegan los de abajo, los autoconvocados, las organizaciones sociales y políticas de base, los luchadores anti dictatoriales, y las movilizaciones populares.

23. Extrapolando, me atrevería a decir que es la misma concepción elitista de la política la que ha marcado posteriormente el insuficiente proceso de democratización de 1990, constituyendo la causa principal del actual descrédito social de la política.

24. Soy de los que creo que Ortega-Murillo no será vencido con un lápiz, ni por un dedo, ni gracias a una franja publicitaria. Eso ayuda, pero el triunfo solo será posible por la larga, dura y heroica gesta de la movilización popular.

25. La lucha del movimiento de los campesinos, pasando por los mineros, las trabajadoras de las zonas francas, el movimiento de mujeres que luchan, desde hace más de cinco años, por sus propias demandas. Entre 2007 y 2017, la dictadura no permitía ningún espacio de expresión política democrática, y reprimía con brutal violencia toda manifestación de resistencia popular.

26. Desde el 2008, la oposición tradicional no ha podido construir un liderazgo atractivo, se encuentra fragmentada y sin un proyecto político alternativo. No tiene una propuesta que ponga en dificultad al gobierno Ortega-Murillo de forma temporal, menos para ganar una elección.

27. A partir de abril 2018, se inició un esfuerzo de recomposición del desarticulado tejido social constituyendo pequeñas y frágiles organizaciones sociales y democrática en las poblaciones, en las universidades, centros comunitarios, medios de prensa, parroquias, en los cuales las iglesias cristianas comprometidas han sido un impulso y apoyo fundamental.

28. A los sectores políticos tradicionales que estuvieron ajenos a este esfuerzo inicial de reconstrucción social les cuesta comprender que la expansión de esa resistencia popular por la base, fue un factor fundamental para el despliegue nacional de las protestas nacionales de masa que se dieron a partir de abril 2018. La protesta social se desarrolló en las diferentes regiones a distintas velocidades.

29. La voluntad de esta oposición popular es derrocar a Ortega y terminar con el régimen dictatorial. Se aspiraba a establecer un Gobierno Provisional que convocara una Asamblea Constituyente, que se restituyera la soberanía popular y se abriera paso a una democracia directa y participativa.

30. En los marcos de esa nueva institucionalidad esperábamos poder llevar a cabo una profunda reforma estructural que superara el pacto corporativista y permitiera avanzar en la construcción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. El único camino que veíamos como posible para avanzar en esa dirección era el movimiento social o rebeldía de los sectores populares.

31. La profunda crisis económica social, el despliegue de repetidas y masivas protestas, la creciente activación de las acciones de rebeldía social, debilitaron políticamente al gobierno Ortega-Murillo, abriéndose una nueva situación en el país.

32. Las bases sociales del movimiento de protesta están atrapadas o contenidas por una red de informadores en el vecindario, en los barrios y algunos familiares, que le permite al régimen obtener información sobre los líderes locales y desarrollar una represión selectiva. Esta es parte de la clave de esta nueva fase represiva y de reflujo social.

33. En los días recientes se percibe que el gobierno no quiere permitir más marchas, según lo visto en las últimas semanas, el gobierno Ortega-Murillo envía a sus paramilitares y simpatizantes junto a la policía tratar de impedir las manifestaciones pacíficas en su contra. Al bloquear las marchas aprovechan para capturar ciudadanos autoconvocados a quienes acusa de terrorismo y otros actos delincuenciales. También tiene el objetivo de desarticular las protestas y acelerar el reflujo social.

34. El 12 de octubre, Kevin Sullivan ha sido confirmado por el Senado de los Estados Unidos como embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Sullivan era el número dos de Estados Unidos en la OEA. Durante la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el 22 de agosto 2018, sostuvo que “respaldaría elecciones anticipadas, justas y con observación internacional, para que los nicaragüenses puedan decidir libremente el destino de su país”. La confirmación de Sullivan se da en medio de otro proceso que se lleva en el Senado de los Estados Unidos, la ley que impondría sanciones al gobierno Ortega-Murillo por casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

35. Sectores del gran capital, la jerarquía eclesiástica, el gobierno norteamericano, gobiernos europeos y latinoamericanos comenzaron a presionar al gobierno Ortega-Murillo para que modificara y acelerara el itinerario de la transición a una democracia establecida por la Constitución Política.

36. La creciente rebeldía de masas, fueron uno de los factores decisivos que llevaron a las cúpulas del poder (gran capital) a distanciarse y, posteriormente, a presionar a Ortega-Murillo, para que acepten la puesta en marcha de una transición pactada.

37. El gran capital ha continuado su acercamiento y conversaciones con los sectores de la “nueva clase” que se inclinan por acelerar el itinerario dictatorial de la transición. Para hacer posible ese entendimiento el gran capital y sus aliados han optado por abandonar las demandas de Gobierno Provisional y Asamblea Constituyente, y se allanan a aceptar el itinerario, las condiciones y los plazos de transición hacia una democracia establecida por la Constitución y por una “salida responsable”.

38. El objetivo del bloque político capitaneado por el gran capital y sus aliados es lograr imponer su visión para una salida responsable de Ortega-Murillo y acelerar el tránsito pacífico a un régimen democrático. Lo que no han definido claramente ante el pueblo es el verdadero alcance social y económico de la democracia prometida. El tema de justicia no se menciona entre los principales analistas que propugnan por una “salida responsable”.

39. Los negociadores en las negociaciones en curso quieren allanar el camino a la democracia, a costa de pactar la impunidad de Ortega-Murillo y sus principales socios civiles y uniformados, y posiblemente aceptar el tránsito a un régimen democrático prisionero de múltiples cerrojos autoritarios.

40. ¿Es imperativo aceptar esas imposiciones? Hay quienes consideran que si no se aceptan el régimen autoritario se prolonga con Ortega-Murillo a la cabeza al menos hasta el año 2021. Otros estiman que hay la suficiente fuerza social y política democrática para lograr imponer una transición sin tantas ataduras que implicaría una “salida responsable”.

41. A pesar de las limitaciones democráticas, dicen los promotores de la “transición responsable o salida al suave”, es que habrá logros muy significativos, tales como el repliegue del terrorismo de Estado, la eliminación de la represión y la sanción de los ejecutores de los crímenes represivos “en la medida de lo posible”, la restitución de libertades individuales, y la apertura de los espacios de expresión política.

42. Tampoco podemos obviar que, a cambio de la “salida al suave”, se mantendría la hegemonía de los grandes grupos económicos asociados al capital de la nueva clase; se comprometería a continuar, administrar y profundizar el modelo económico, social y cultural neoliberal; y se propiciaría la desmovilización, subordinación, y atomización clientelar del sujeto popular.

43. Mientras las negociaciones se realizan, la represión va a continuar para seguir descabezando el liderazgo del movimiento social, lo cual facilitaría el acuerdo de la “salida responsable”, ya que permanecerían en las cárceles, escondidos o en el exilio los líderes locales. Hay que estar claro que la represión selectiva golpea a los liderazgos locales con el objetivo de profundizar el reflujo social.

Panamá, 13 de octubre de 2018