La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) hicieron público el sentir de su preocupación por la persistencia de graves patrones de violencia y criminalización que enfrentan los defensores de los derechos humanos en la región, donde se incluye a Nicaragua.

En general, la CIDH y ONU-Derechos Humanos califica de “altamente preocupante que algunos de los ataques registrados en este período, se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, así como de medidas de protección adoptadas por mecanismos nacionales. Llama la atención el alto grado de violencia en los ataques contra este grupo. En muchos casos, estos asesinatos se llevaron a cabo en presencia de hijos/as, familiares y seres queridos de las personas defensoras de derechos humanos”.

Sobre la situación en Nicaragua, el informe de seguimiento a la situación correspondiente a los meses de mayo a septiembre de 2019, ha documentado casos de “hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos de abogadas y abogados… dedicados/as a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad”.

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La CIDH y ONU- Derechos Humanos han identificado como perpetradores de este tipo de acciones a “agentes del Estado”, y señalan que desarrollan su labor en un contexto adverso. Entre las víctimas de este tipo de acciones represivas menciona a funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), “organizaciones beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana”.

La abogada Yornarqui Martínez hizo la denuncia la semana pasada que sufrió persecución y amenazas por parte de paramilitares y oficiales de la Policía sandinista. Los ataques han ido aumentando de tono en los últimos días, al punto que el 4 de noviembre pasado, armados del régimen realzaron detonaciones en la casa de la defensora de presos políticos.

“El domingo (3 de noviembre) fui con mis hijos a cenar y al momento de retornar a mi propiedad fui seguida por cuatro motorizados, logré observar que las personas que venían en la parte de atrás de la moto estaban armadas, eran personas de civil, pero logré acelerar el vehículo y poder perderlos”, dijo la abogada sobre el atentado que sufrió por parte de los sandinistas.